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domingo, 1 de enero de 2012

Claman justicia después de la tragedia


Por Rafael Espinosa:
Ni la aseguradora ni el concesionario ha saldado el gasto de los funerales de la pasajera muerta y tampoco las cuentas de los hospitales donde están los lesionados, después de la volcadura del colectivo local el pasado viernes 16 de diciembre.
Don Ramiro Robles Sánchez, de oficio albañil, está endeudado por la compra del ataúd y la inversión que generó la ceremonia fúnebre de su esposa María Elisa Clemente Cruz, de 41 años, inhumada en una colonia del municipio de Jiquipilas.
El viudo y padre de tres niñas, habitante de una casa humilde de la colonia La Reliquia, Terán, contó que el día de la tragedia su esposa iba al trabajo, una guardería ubicada frente al hospital del Issste.
Cuando tramitaba la liberación del cuerpo ante el fiscal del Ministerio Público, en las instalaciones de la Fiscalía en Hechos de Tránsito, se topó con un empleado de la aseguradora AXXA, empresa contratada por el concesionario del colectivo, y le preguntó quién le iba a pagar y en cuánto tiempo.
Aquél le contestó con indiferencia que en un año o más, o en cualquier momento le hablaría a su teléfono celular. Desde ese día nada ha sabido de la aseguradora del colectivo 4515 y menos del concesionario.
Doña Catalina López Pérez, de 52 años, sobrevivió a la tragedia pero sufrió fracturas en la mano derecha y la pierna izquierda, así como una lesión en la frente y otros golpes corporales. Es viuda, tiene cinco hijos y se dedica a lavar y planchar ajeno.
El accidente tomó por sorpresa a su familia, de modo que sus hijos pidieron cooperación económica e hicieron una colecta entre los habitantes de su colonia, Santa Lucía, a un costado de La Reliquia, para medicinas y hospitalización.
Ella está en la cama 319 del área de Cirugía y Trauma del Hospital Regional, bajo la atención de su hija Ana Fabiola que se alterna con sus hermanos para cuidarla.  Tampoco han recibido un solo centavo de la aseguradora y tampoco del concesionario.
A doce días de la tragedia, doña Martha Molina —de 66 años— apenas ayer se pudo sentar, pues presentó dos costillas rotas, una herida en la cabeza que llevó 18 puntos, esguince cervical, una lesión en la rodilla y otros golpes de gravedad, comentó su hija Patricia Trinidad.
Después de su efímera estancia en el Hospital Regional, doña Martha fue llevada a la casa de un tío que es médico, agregó por teléfono Patricia Trinidad, pues nadie se hacía cargo de las medicinas y el internamiento.
Aunque su domicilio se sitúa en la colonia La Reliquia, actualmente está convaleciente en la colonia Electricistas, en casa de su hija Patricia quien le da las atenciones que necesita.
El día del accidente doña Martha iba al mercado para después ir a su cocina económica, en el periférico sur poniente de la capital, comentó su hijo Humberto a través de una llamada telefónica.
Ella también tiene un montón de notas de medicinas y de consultas médicas particulares que ha pagado. Hasta el momento nadie, ni el concesionario ni la aseguradora, se le ha acercado para rembolsarle los gastos.
Michel Amairany Castillejos Solar, de 16 años, otra de las sobrevivientes, pagó su hospitalización, el collarín y las medicinas en la Cruz Roja. Cuando le dieron de alta nadie apareció, salvo su familia que saldó la cuenta.
El día de la volcadura tomó el colectivo en La Reliquia para presentarse a su trabajo, una tortillería del centro de Tuxtla Gutiérrez.
Apenas hace unos días regresó a su empleo pese a la molestia del collarín, dijo su hermana Tocabel en la casa de a la vuelta de donde fue el sepelio de la señora María Elisa Clemente.
Don Luis Orantes Morales, de 56 años, acude al centro de salud de Terán para sus consultas médicas y él compra sus medicinas desde el accidente, debido a que presentó fuertes golpes que le dejaron “verde el pie”, dijo un vecino.
Él tiene su hogar a dos cuadras de donde vivía doña María Elisa, en una casa modesta de ladrillos sin repello y un corral de láminas oxidadas. En el dintel de su puerta hay un moño fúnebre por la muerte de su madre hace un año.
Ayer no estaba, pero se supo que vive solo y por el accidente abandonó su oficio de lavador de autos en una universidad particular, al norte oriente de la capital.

Clamor
Las víctimas pidieron al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, a la Secretaría de Transporte, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Raciel López Salazar, hacer cumplir las leyes, hacer justicia, castigar al responsable y que les reembolsen los gastos.
Mientras los afectados exigen justicia y están pagando intereses por los préstamos que hicieron para el funeral y la hospitalización, los encargados de las mesas de trámite de la Procuraduría General de Justicia que llevan el caso están de vacaciones.
“Hasta el 02 de enero dijeron que nos presentáramos”, comentó Humberto Trinidad, hijo de doña Martha Molina.
“Una vez más se comprobó que todos los usuarios estamos desprotegidos, que no importa si están asegurados o no los colectivos, de todos modos no pagan. Debemos persignarnos antes de salir y llevar un rosario en la mano por si el chofer va ebrio, a exceso de velocidad, o simplemente porque son rutas de la muerte”, coincidieron los afectados.


Seguimiento
Ramiro Robles Sánchez, de 46 años, se quita la gorra para desayunar. Es mediodía y está sentado en una de las mesas de la fonda “El Cerrito”, en la 2ª Sur y 7ª Poniente. Es albañil y hoy, ahí, es su primer día de trabajo.

“Remodelo un baño”, dice.

Robles se quedó viudo y con tres niñas después de que su esposa murió en la volcadura del colectivo 4515, en el bulevar Belisario Domínguez y 22 Poniente. Amanecía el 16 de diciembre (2011), recuerda mientras come pollo en mole.

Recogiendo el mole con media tortilla a modo de cuchara, Ramiro narra que su esposa María Elisa Clemente, de 41, se dirigía a la guardería donde trabajaba, cuando el chofer perdió el control por la velocidad inmoderada. Muerde el bocado y mastica.

Ramiro es un hombre robusto, de cabellos ralos, cara redonda y curtida, viste una camisa que parece blanca, pantalón y sandalias. Baja su comida con tragos de refresco de cola.

Desde la tragedia ha continuado el proceso legal, sin embargo, las autoridades, los abogados y la aseguradora “Axxa” le muelen la vida con trámites “fastidiosos”.
El primer abogado se pasó meses sin resultados, debido a que Ramiro sólo le daba para los pasajes. El segundo parece llevar el caso por buen camino y cobrará si gana el juicio, “porque no tengo dinero”, suelta entre el ligero murmullo de los comensales de las otras mesas.
Para ser válida la indemnización, la aseguradora le pide el juicio sucesorio intestamentario cuyo tiempo de desahogo es variable, pues podría durar meses o años. Es decir, agrega disgustado, comprobar que María Elisa era mi pareja, que las niñas son mías, qué muebles e inmuebles tenemos, entre otras cosas.
“Mis suegros ya me dieron sus documentos; están de acuerdo”, enfatiza, al tiempo de limpiarse la boca con una servilleta. El plato ahora está vacío.
“La aseguradora siempre me ponen trabas”, reflexiona.
Su hija de 17, la mayor de las tres, apenas terminó la secundaria y ahora se dedica a cuidar a sus hermanas de 10 y 6 años, mientras que él lleva dinero para la comida. Así han sobrevivido durante estos últimos cuatro meses.
Alguien lo llama del comedor.
Se despide, sabe que ya es hora, y se va a continuar la obra.

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