Millonario robo en Tuxtla

Por Rafael Espinosa:

Varios miles de pesos en efectivo y 2.5 millones en joyas fue el botín que se llevaron tres ladrones de un banco y local de empeño la mañana de este domingo a una cuadra del Parque La Marimba de Tuxtla Gutiérrez.
El atraco se registró alrededor de las ocho de la mañana, en el negocio denominado "Presta Prenda, Banco Azteca", el cual se ubica en la Avenida Central y 10ª Poniente, donde los cuatro empleados -quienes estaban dentro del negocio- apenas abrirían sus puertas al público, informó la Policía.
De acuerdo con el reporte oficial, los bandidos (dos hombres y una mujer) tocaron la puerta de cristal. Los empleados, un poco extrañados de que los sujetos iban vestidos con uniformes de la empresa, abrieron con cierta desconfianza.
En el local estaban el gerente en turno, José Enrique López Ovilla; el valuador Fernando Mondragón Pérez; el ejecutivo Andrés Velez Villalobos; y el encargado del banco, Esteban Salinas Ocaña, dijo la Policía.
Las víctimas fueron amagadas con armas de fuego y amarradas con fajillas automotrices de plástico, mientras que los delincuentes saquearon las alhajas, el dinero y luego huyeron, contaron los oficiales.
Instantes después lograron librarse de las ataduras e inmediatamente llamaron a los números de emergencia.
Cabe señalar que el 27 de diciembre de 2007, en Tuxtla Gutiérrez, se detuvo a Francisco Torres Marroquín, alias "el Negro"; Ana Verónica Salazar Anza, Blanca Estela Márquez Méndez, Guillermo Rincón Torres y Manuel de Jesús Torres Villalobos, como presuntos responsables del asalto a la sucursal del Banco Azteca "Polyforum" por un botín superior al millón de pesos, de acuerdo con un comunicado oficial fechado el 6 de enero de 2008.

Joven asesinado de un balazo

Por Rafael Espinosa:

Al contacto de una bala nueve milímetros en su cabeza, el joven azotó la cara en el teclado del tragamonedas y luego desvanecido cayó al piso junto al banquito donde estaba sentado.

William Roberto, de 18 años, jugaba una de las máquinas de apuestas del changarro ubicado en la Calle Alejandrina entre las Avenidas Ámbar y Ónix de la colonia Jardines del Pedregal Cuarta Sección, a unos 30 metros de su domicilio.

Carlos Alexander Ocaña, de 16 años, vecino de la colonia y quien pegado a la máquina observaba el juego de William Roberto, quedó impávido al momento de la descarga.

En el changarro estaban también el albañil Juan Carlos Muñoz, de 27, y su peón José Alexis Arce, de 16. Trabajaban a unos tres metros de los tragamonedas adyacentes a la puerta principal y tenían abierto el portón a través del cual salían y entraban con el material.

Cerca de las 14:20 horas un sujeto entró por el portón, se detuvo en un pretil que está a lo largo de la sala y presuntamente acercó el cañón hasta disparar a quemarropa contra la humanidad de William Roberto Cruz Méndez, de 18 años.

La víctima estaba de espaladas, mientras que los obreros estaban en lo suyo.

Tras el disparo, William Roberto se incrustó en la máquina de apuestas y luego resbaló desvanecido hacia el piso.

Después de superar su aturdimiento, Carlos Alexander salió a la calle y fue a la casa del vecino para pedir auxilio.

Juan Carlos y José Alexis, los obreros, corrieron sobre la calle pedregosa sin hallar pistas del asesino. Hay quienes dijeron que el prófugo vestía una playera negra, pantalón de mezclilla azul y aparentaba unos 35 años.

Después llegó un hombre que dijo llamarse Dagoberto Cruz Martínez, de unos 55 años, padre del occiso. Estaba desconcertado, bloqueado, incluso ni podía pronunciar el nombre de su hijo a la Policía. Minutos más tarde se controló con bebidas y la mitad de un limón que le dieron sus vecinos.

También una joven se abrió paso entre el remolino de policías, con el corazón hecho pedazos. Al llegar al área de acordonamiento, sus familiares la retuvieron, se quiso resbalar de las manos que la detenían para ver a su hermano, hasta que cayó ahogada en llanto sobre el piso.

Se supo que William Roberto trabajaba de velador con un arquitecto, en la colonia. Del asesino nada se supo, salvo un cartucho útil calibre nueve milímetros que se le cayó en la escena del crimen.

Carlos Alexander Ocaña dijo que William llevaba cerca de una hora jugando.

Durante las diligencias, la monotonía musical del tragamonedas fue lo único que se conservó de principio a fin.

El ladrón que embelesa

Por Rafael Espinosa:

Un delincuente envolvió con sus mañas a una pareja sexagenaria comerciante de tamales, tortas y café, afuera del IMSS de Ocozocoautla (Coita), el martes de la semana pasada en la madrugada.

El ladrón llegó a consumir al puesto de comidas y mientras merendaba inició una plática para hacer confianza, como cualquier cliente lo haría con el vendedor. En la charla dijo ser chofer de un tráiler desde hace varios años y que ahora había hecho una parada de emergencia para internar a su ayudante que tenía "aflicción de corazón o taquicardia, como dicen los doctores".

En el tráiler venía su esposa, a quien había mandado en un camión hacia Tuxtla Gutiérrez (donde ella tiene su familia), porque desconocía cuánto tiempo estaría hospitalizado su paciente.

Don Miguel y su esposa Mary denunciaron que el hombre no parecía bandido, era un sujeto de estatura regular, de pantalón de mezclilla y camisa manga larga. Era "blanquito" de corte militar, cara cuadrada, ojos claros, renqueaba al caminar y tenía un acento norteño o simplemente diferente, narraron.

Para envolver más a los sexagenarios, el bribón se iba rumbo a los pasillos del sanatorio supuestamente para saber el estado de salud de su ayudante y regresaba para continuar la conversación.

Soy del estado de Nayarit, agregó; con frecuencia paso por Coita cuando descargo mi tráiler en Tuxtla. Durante mi trayectoria de chofer, reveló, compré un tráiler para que mi hijo comenzara su propia empresa.

El desconocido sólo interrumpía su verborrea luego de que la pareja de comerciantes despachaba a los clientes.

El supuesto norteño comentó que en cada viaje ganaba más de tres mil pesos, que por dinero no habría por qué quejarse y confesó que su tráiler estaba estacionado en una pensión, pues no sabía cuánto tiempo estaría ahí. 

"El ladrón amaneció platicando; como a las siete y media, el bandido tiró el anzuelazo", recordó don Miguel.

Dijo que en su tráiler traía diez bultos de azúcar y diez cajas de aceite doméstico, los cuales no los quería regresar.

Los supervisores se confunden en las cuentas; ya ve que los estibadores entran y salen rápido de las bodegas, agregó.

Al principio los sexagenarios se mostraron desinteresados en la mercancía, motivo por el cual el ladrón insistió en el tema.

Si quieren, propuso, les puedo vender cinco sacos de azúcar y cinco de aceite por dos mil pesos; el resto me lo llevo. (El precio normal en una tienda mayorista podría supera los tres mil 500, en promedio).

La oferta pareció tentadora, de modo que don Miguel le habló en susurro a doña Mary, su esposa. Le comentó que iría a su casa en su auto (modelo atrasado) a traer dinero para comprar la mercancía ofertada, a lo que doña Mary asintió con un movimiento de cabeza.

Minutos más tarde don Miguel regresó con dos mil 500 pesos en la bolsa del pantalón e insistió al bandido para que fueran por la mercancía, incluso éste se hizo del rogar con el argumento de que antes de ir al mandado vería a su paciente por última vez.

El bandido y don Miguel abordaron el coche al pie del hospital y se fueron. En el camino pidió que pasaran a una panadería donde encargó diez marquesotes y don Miguel cinco.

"Es para mi familia; les gusta mucho", dijo el ladrón al subir al carro.

El supuesto nayarita pidió a don Miguel que pasaran al mercado público, a dos cuadras de ahí, para luego ir por la mercancía prometida.

Sin protestar, la víctima de buena fe arrancó el auto y se estacionó en una de las esquinas del centro de abasto.

"Ahorita regreso, voy a dejar aquí esta bolsa (de nylon negro) en su guantera; son 110 mil de la carga que dejé en Tuxtla, no sea que me asalten", comentó al salir del auto.

Después de avanzar unos metros, regresó y le pidió un adelanto a don Miguel, quien le dio mil 200 pesos.

A don Miguel se le hizo raro que el desconocido tuviera tanta confianza para dejarle el paquete de dinero en su guantera, de tal forma que por un momento tuvo una idea criminal. "Podría irme", pensó.

Comenzó a sentirse incómodo cuando habían pasado 20 minutos y el desconocido no regresaba, aunque su preocupación disminuía al pensar en el efectivo que le había encargado.

Le ganó la curiosidad, abrió la tapa y descubrió que la bolsa negra contenía un paquete de servilletas nuevas. En ese momento, desde su teléfono celular, marcó al número de su esposa a quien le ordenó que si llegaba el susodicho le dijera que no se moviera, que lo esperara, porque al parecer los habían engañado.

Llegó al negocio y luego corrió en los pasillos del hospital, sin encontrarlo. Salió por las jardineras y le preguntó a una señora que si había visto al hombre con las características antes descritas.

"No es la primera vez que roba por aquí", rebatió la señora.

"Me hubiera dicho", alegó don Miguel.

"Pensé que ya era de la banda", repuso la dama sarcásticamente.

Don Miguel regresó triste por el pasillo, recordando que por un momento pasó la idea en su cabeza de darle los dos mil 500 pesos.

Santa Fe, la otra versión

Por Rafael Espinosa:

Roxana Castro Vallejo, presidenta de la asociación civil “Colonos de Santa Fe”, reconoció que “tienen 50 casas invadidas porque sus miembros buscan un lugar donde vivir, porque tienen años pagando renta, porque es un medio para hacer presión al gobierno, así como porque sus dueños tienen otra propiedad y dejaron de pagarlas”.

El fraccionamiento Santa Fe, Chiapa de Corzo, es un complejo integrado por dos mil viviendas en promedio, de las cuales al menos 500 están rentadas, traspasadas, requeridas por el Infonavit por falta de pago y cerca de 100 habitadas por sus propios dueños, 375 abandonadas y 50 invadidas ilegalmente. 

Desde hace un año los inquilinos decidieron formar una asociación civil denominado “Colonos de Santa Fe”, constituido actual y legalmente por 160 personas, debido a que llevaban varios años pagando renta con personas que tienen otro inmueble.

En una entrevista en su domicilio, en la colonia Santa Fe, Castro Vallejo dijo que esto cambió la imagen de la colonia, ya que parecía una colonia desolada, con montones de basura en las esquinas, robos a cada rato, monte en las calles y jardineras.

Desde esa vez, ella comenzó a recorrer la colonia y contabilizó 375 casas desocupadas, motivo por el cual comenzó hacer reuniones con los colonos cada sábado y envió requerimientos “al Infonavit, a los bancos, a Fovissste, al gobernador, al presidente municipal de Chiapa de Corzo, al güero Velasco, a Cal y Mayor, a todos lados, dijo.

“El problema de la invasión no es de ahorita, como mucha gente piensa, no”, dijo Roxana, al tiempo de agregar que “con los problemas que salieron a la luz pública nos enteramos que hay muchos que llevan años viviendo aquí, pero no quieren pagar un abogado, no quieren pagar un juicio, por no gastar, están esperando que el gobierno se las regale”.

“Necesitamos un medio para comprarlas, o en un momento dado que nos dijeran Santa Fe no, pero te vamos a dar un crédito y tu puedes adquirir tu casa; eso es lo que queremos, no queremos otra cosa”, enfatizó.

“Todas estas casas las estaban desvalijando, aquí no existe el cobre, porque todo se lo robaron… los que están ocupando casas ilícitamente no están pagando con nadie porque Infonavit no ha abierto puertas”, agregó la presidenta de “Colonos de Santa Fe AC”.

Por lo pronto, advirtió, “iniciamos juicios, nos amparamos por desalojo y por lo que pueda pasar” y reiteró que “queremos un lugar donde vivir, somos personas trabajadoras, madre solteras con cuatro hijos, mujeres de la tercera edad, quienes no hemos podido tener una casa. Esas viviendas abandonadas tenían monte, nido de ratas, hasta culebras, eran escondites de vándalos; ahora están bien bonitas”.

Reveló que Marcelino Marcelo y Rolando Orantes son dueños de 21 inmuebles en Santa Fe, compradas en un remate en 50 mil pesos cada una, por lo que también eso es una injusticia. Eso lo supo cuando Marcelino llegó a pedirle de buena voluntad su casa invadida (una de las 21).

“Te vas a ir a la cárcel”, le dijo una abogada a Roxana, recordó ella. 

“Te juro, te juro”, le contestó, “si tú vieras la alegría con la que están esas gentes; vale la pena, porque son gente que no tiene ni para comer…”

Roxana Castro denunció que tiene ocho años pagando renta en la casa donde vive, su casero le ha perdonado renta de mucho tiempo, aunque ella puede comprobar con recibos de servicios públicos el tiempo que lleva ahí y no lo ha hecho, comentó.

“La idea es que las cosas sean justas. A mi gente la veo feliz, porque tienen un lugar donde vivir. De qué te sirve trabajar tanto si no puedes lograr nada, tus deudas son más grandes a pesar de trabajar y trabajar”, reflexionó.

“La idea es esa”, profundizó, “la idea no es dañar o quitarle lo suyo, pero si tienen las casas abandonadas es porque no las necesitan. Que nos den chance de adquirir un crédito por otro lado, un terreno para construir, hemos trabajado unidos”.

"¿Qué le diría a doña Cielo Jiménez y a doña Mercedes Cartela (afectadas en la invasión)?"

“Para qué quieren una casa aquí si no la necesitan. Doña Cielo, quien tiene un bar y una casa de citas en Tonalá, sólo pagó en 2008 y no ha pagado más. Lo compró en un traspaso”.

“El fraccionamiento está mal hecho, en siete años la popó se nos va a salir del drenaje. Casi no nos dan agua, el camión de la basura no pasa, a cada rato se nos va la luz; todos somos trabajadores conocidos, no hay vandalismo, no hay inseguridad”, relató.

“Ni porque han salido los periodicazos contra la asociación civil, los dueños ni se aparecen, ni a pararse vienen, sólo dos o tres que vinieron a echar su vuelta”, dijo.

Castro Vallejo aceptó que Amilcar Oney Chiu Cruz, presidente y fundador del Movimiento de Participación Ciudadana (Moparc) “Unidos por un Bienestar Común”, los asesora jurídica, legal y gratuitamente, incluso están adheridos a su movimiento.

(Chiu Cruz fue candidato petista a la presidencia municipal de Villa de Acala).

“Estamos en disposición de dejar las casas pero que nos apoyen. Violentos no somos, somos gente de clase trabajadora. Esto es un medio para presionar al gobierno”, advirtió y adelantó que "si regresan a sus dueños las casas invadidas por lo menos éstas van a tener su manita de gato”.

“Pedimos al gobernador que nos dé una casa, no la queremos regalada, solo queremos donde vivir. No es justo pagar mantenimiento de una casa ajena, pagar ocho años de renta tirados a la basura, yo no quiero hacer 60 años y que me digan sálgase señora que no puede pagar usted la renta”, expresó.

Ofreció disculpas a los afectados que litigan por recuperar sus propiedades, pero es el único medio que podemos adquirir una. Al presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, lamentó su ayuda por nada y advirtió que mucha gente, que ni siquiera es de la asociación civil, también está invadiendo inmuebles. 

“Vamos a luchar por las casas que tenemos ocupadas, estamos dispuestos a negociar con sus dueños, no peleamos con nadie, por el momento no continuaremos con la invasión. Entendemos que ellos han gastado, pero nosotros las necesitamos (las casas)”, puntualizó.

 

Los que se deslindan

El funcionario público Fernando Maza Hernández renunció a la asociación civil “Colonos Santa Fe” por miedo y a Laura Nigenda Ramos la orillamos porque “desapareció” un dinero del grupo, reveló Roxana Castro Vallejo, presidenta del movimiento.

La semana pasada Fernando Maza y Laura Nigenda acudieron a las oficinas de este medio de comunicación, donde reconocieron haber pertenecido al equipo de Roxana Castro y se deslindaron totalmente de la invasión de casas en el fraccionamiento Santa Fe.

En entrevista, ambos coincidieron en que renunciaron hace dos meses, porque la asociación estaba tomando rumbos diferentes a los prometidos al principio, incluso, dijeron, fueron miembros cuando la asociación civil aún no estaba constituida oficialmente.

Por su parte, Castro Vallejo aseguró que Fernando y Laura formaron parte de la mesa directiva y firmaron documentos oficiales, los cuales quedaron metidos en la Secretaría de Relaciones Exteriores donde consiguieron la constitución legítima de la asociación civil. 

Asimismo exhibió otros documentos con sus nombres y firmas al calce, incluso mostró la carta constitutiva del Notario Público número 47 y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Roxana reconoció que Fernando, ex integrante de la asociación, “ya no forma parte del movimiento, debido a que siempre tuvo miedo, pues decía que no se aventaba el paquete, porque era funcionario público, en hacienda”.

A Laura, otrora tesorera de la asociación, “se le dio de baja públicamente ante los miembros del grupo el tres de diciembre de 2011, por un faltante de entre 15 y 16 mil pesos de la caja (de ahorro)”. 

“Eran 24 mil pesos de cooperación para reponer rejas, para las chapas de las puertas de las viviendas que devolvíamos después de haberlas invadido, para el costo del permiso de la asociación o para cualquier bronca”, agregó Roxana, al tiempo de recordar que “Laura sólo pudo comprobar ocho mil pesos de gasto y el resto desapareció, pues lo tomó prestado pero jamás lo repuso”.

El día de la visita, Fernando Maza, pese a su molestia de haber sido mencionado en una de las publicaciones anteriores, estaba dispuesto a tomarse una fotografía para ilustrar la nota.

Su compañera, Laura Nigenda, después de tener los nervios de punta por publicar su nombre en el periódico como miembro del grupo, no estuvo de acuerdo en dejar su imagen en la cámara. A ninguno se le hizo un retrato.

Tragedia en El Paraíso

El caso de Charlie Petterson y su familia

Por Rafael Espinosa:

(Octubre 2006)

El hombre hasta ese momento desaparecido, principal sospechoso de los crímenes de su esposa y sus dos hijos en la colonia El paraíso de Tuxtla Gutiérrez, Charlie Petterson, era buscado por el FBI desde 1995, por la Policía Metropolitana de Las Vegas en 1998, y 2006 por la Fiscalía General de Justicia en Chiapas.

Para evadir la justicia de varios países de América, Charlie Petterson cambió su identidad en más de cinco ocasiones. Se había nombrado John H. Edwards, John Elliot, John Stone; sin embargo, su verdadero nombre era John Patrick Addis.

Según el registro de la Oficina Federal de Investigación, los delitos que se le inculpaban durante su trayectoria criminal son asesinato, secuestro, vuelo ilegal para evadir el procesamiento de homicidio, portación y falsificación de documentos, entre otros.

John Patrick, oriundo del estado de Michigan, Estados Unidos, ex policía de Troopers, Alaska, era buscado desde 1995 por su implicación alegada en el secuestro y asesinato de su novia Joanne H. Albanese, quien desapareció de Las Vegas el 19 de agosto de ese año y su cuerpo fue descubierto tres años después en una región alejada del condado Yavapai, en Arizona.

Mediante una investigación, la policía estadounidense descubrió que para ocultar su identidad cambió su nombre y residencia, ubicándose en Coral del Cabo, Florida.

Poco después, a milla y media del hallazgo, se localizó abandonado el vehículo de su novia Albanese el 10 de octubre de 1998 y el 30 del mismo mes la Corte Distrital de Estados Unidos autorizó su aprehensión, pero Addis o Charlie Petterson viajó de forma ilegal a México para evitar ser detenido.

La información obtenida de las pertenencias personales de Addis, abandonadas en los escenarios del delito, mostró que él estaba excelentemente preparado en la fabricación de identificaciones falsas, principalmente en los engomados de renovación de licencia.

Su primer destino de John Patrick, investigador experto, instructor certificado en investigación de escena de crimen, tirador especializado y piloto, fue la Ciudad de México donde residió varios meses y posteriormente se dirigió a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, informó en su página el Ministerio de Justicia de Washington, DC.

La Oficina Federal de Investigación de EU asegura que John Patrick estuvo en Guadalajara, Jalisco, México. La salida precipitada de Addis de Guadalajara coincidió con la desaparición de una mujer de unos 35 años que él frecuentaba allí. Desde entonces no se le había visto.

Las pistas de la policía norteamericana apuntaron que secuestró a una jalisciense llevándosela a algún estado de la República Mexicana.

El estado de Chiapas fue su última residencia con el nombre de Charlie Petterson, donde su victima traída de Guadalajara respondía presuntamente al nombre de Liliana Chávez y/o Sánchez, aunque su verdadero nombre era Laura Liliana Padilla Suárez.

De victima, Laura Liliana pasó a ser pareja de su raptor, en su estancia en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, procreó a dos hijos nombrándolos Eithan e Ixchel de apellidos Petterson Padilla, quienes en 2006 tenían cuatro y siete años de edad aproximadamente.

Según el periódico The Sun de Ottawa, Canadá, Charlie Petterson llegó a Chiapas entre 1998-1999, trabajó como Director Atlético en el Tecnológico de Monterrey, Campus Tuxtla Gutiérrez, donde después de un tiempo se retiró.

En la capital chiapaneca era entrenador de Tenis en el Club Campestre e impartía clases de inglés y francés a escolares en el domicilio donde vivía con su esposa y sus hijos.

El maestro Petterson, como lo nombraban sus alumnos de tenis, rentaba una casa habitación de dos plantas con el número 956 de la 21 norte y 9ª poniente de la colonia El Paraíso.

El miércoles 18 de Octubre de 2006, alrededor de las 18:00 horas, los vecinos reportaron a la policía local un olor desagradable que provenía de la vivienda, encontrándose tres cadáveres putrefactos: la esposa y los dos hijos del señor Petterson. Habían fallecido seis días antes, el 12 de octubre, aproximadamente.

El 14 de octubre, en el país vecino de Guatemala, la Policía Nacional Civil halló al interior de un hotel el cadáver de un sujeto a quien se le encontraron credenciales propiedad de un maestro de tenis e inglés de nombre Charlie Petterson.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas no negó ni afirmó que se tratara del norteamericano buscado por la policía chiapaneca, por el FBI y por la Policía Metropolitana de Las Vegas, aunque espetó la bien sabida frase: “continúan las investigaciones correspondientes”, mensaje tradicional del vocero del organismo, José Domingo Pérez Sarmiento.

Mediante una llamada telefónica, el cónsul de Guatemala, en Comitán, Chiapas, Melvin Valdez González, dijo que nada le habían informado, inclusive desconocía del caso, aunque, agregó, cuando le informaran daría el aviso correspondiente.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Guadalajara, Jalisco, de donde era la pareja de John Patrick Addis, informó que la Procuraduría General de Chiapas no solicitó apoyo para esclarecer el caso. “No estábamos enterados del asunto… no nos pidieron investigar”, comentó un ordenanza en una llamada por teléfono.

Había incertidumbre con relación a la identidad de John Patrick Addis, pues parecía suponer que el hombre buscado por el FBI utilizó otra vez una de sus aptitudes y estrategias aplicadas sistemáticamente.

Los cuerpos putrefactos de su esposa y sus dos niños quedaron cada uno en su cama, en su respectiva habitación, y junto a ellos agujas hipodérmicas con sustancias químicas letales.

John Patrick Addis, nacido el 19 de septiembre de 1950 en el condado de Pedenal, Michigan, tenía 56 años de edad; sin embargo, en Chiapas, mediante su actividad de falsificar credenciales presentaba una edad de 45, con el nombre de Charlie Petterson.

De acuerdo a la Oficina Federal de Investigación, este sujeto fanático de escribir novelas de ciencia ficción, era calificado como peligroso y advertían que andaba armado, por lo que si alguien tenía alguna información podría denunciarlo a la Embajada o al Consulado americano más cercano.

Se obtuvo información que Addis se desempeñó como maestro de aptitud del personal de la Policía de Alaska y no presentaba cicatrices ni marcas en su anatomía.

En California, Washington, Oregon, Georgia, Oklahoma, Canadá, Arizona, Florida, Utah, Nuevo México y Nevada, se relacionó con mujeres que él atendía en los clubes de salud donde fue miembro o empleado.

Vida familiar (Seguimiento)

El estilo de vida de la familia Petterson Padilla no era común, los niños no estudiaban en una escuela pública o privada, la esposa casi no salía de casa sola, casi siempre iba acompañada de su esposo Charlie Petterson.

En un sondeo, los vecinos confirmaron que Ixchel tenía siete años y Eithan cuatro.

Pese a que los niños no iban a ninguna institución educativa, Ixchel dominada cuatro idiomas: inglés, francés, español y posiblemente alemán, que los aprendió con la ayuda de sus padres y en cursos intensivos en Internet, en tanto que el niño apenas empezaba hablar el inglés.

Otra de las cosas curiosas que los habitantes observaron es que cuando la familia viajaba en taxi nunca bajaba frente a su domicilio sino una cuadra antes o una después.

Con relación a la casa que habitaban, los testigos señalaron que al parecer es propiedad de una persona de religión protestante de nombre Vicente Aguilar, quien radicaba en Cancún.

Las personas que lo toparon en la calle algún día, dijeron que Charlie Petterson saludaba como cualquier ciudadano vecino, pero cuando iba acompañado de su esposa a nadie le dirigía la palabra.

“La señora Laura y sus hijos casi nunca salían de casa; ella era maestra, enseñaba inglés al igual que su esposo. Los hijos de algunos vecinos llegaban a su casa para aprender este idioma. A otros (niños) los llegaban a dejar sus padres en carros nuevos; parece que eran hijos de papás que conocían al señor Charlie en el club de tenis”, indicaron.

“Cuando la señora Laura salía a la calle con su esposo era muy callada y cabizbaja, a nadie saludaba, y cuando caminaba sola su actitud cambiaba radicalmente de una persona sumisa a una que saludaba a todos; como que se sentía libre”, indicaron.

Los vecinos hombres comentaron que la señora era muy guapa, de bonito rostro; su esposo era muy tranquilo, serio, que andaba en bicicleta con sus raquetas en la espalda, pero era demasiado celoso con su mujer.

Antes de descubrir los cadáveres y de la desaparición de Charlie Petterson, los aprendices llegaron durante varios días a tocar la puerta de la casa, para continuar las clases de inglés, pero nunca abrieron.

La muerte de Petterson (Seguimiento)

Días después del hallazgo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos confirmó la muerte de John Patrick Addis, alias Charlie Petterson, principal sospechoso del homicidio de su esposa y de sus dos hijos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; así como del asesinato de su novia en las Vegas, EU y de otros delitos más.

Después de ocho años de seguir la pista de uno de los doce sujetos más buscados por el FBI, el cuerpo de Addis fue localizado en la habitación de un hotel en el país vecino de Guatemala, cuya identidad fue aprobada por una comparación de huella digital y ADN.

El fallecimiento del asesino serial se debió al parecer a un "suicidio sospechoso” que las autoridades guatemaltecas, chiapanecas y norteamericanas, sostuvieron más tarde.

La familia fue asesinada el 12 de octubre del 2006 y hallada el 18 del mismo mes, mientras que John Patrick Addis se suicidó el 14, dos días después del multihomicidio, en Guatemala y su hallazgo se registró, también con signos de descomposición, el 16.

El detective del área de homicidas de Las Vegas, Larry Hanna, estuvo tras la localización y aprehensión de Addis desde agosto de 1995, por el asesinato de su novia Joanne Albanese quien trató de terminar la relación en varias ocasiones, pues Patrick padecía de celos incontrolables.

Addis fue formalmente acusado del asesinato de Joanne el 31 de julio de 1998 y pasó a formar parte de los doce sujetos más buscados por la policía norteamericana hasta que el 16 de octubre de 2006 fue ubicado muerto en un hospedaje del país chapín.

La Brigada de Investigación Criminal esclareció el caso de John Patrick Addis, quien en Guatemala se había hecho pasar como J. Carlos Petterson, un canadiense expatriado con residencia en Chiapas.

La relación de Charlie Petterson con Laura Liliana Padilla Suárez inició en 1997 en Guadalajara, Jalisco, cuando él la vio por primera vez y, después de varios días de acecho, decidió secuestrarla, sin embargo, ella fue víctima del Síndrome de Estocolmo al enamorarse de su raptor y procrear dos hijos con él, dijeron las autoridades.

Durante nueve años (1997-2006), los familiares de Laura Liliana, autoridades mexicanas y norteamericanas, los buscaron temiendo que ella pudiera encontrar el mismo destino de Joanne Albanese. 

A Petterson se le había conocido como un tipo con actitud tranquila y seria, que ocultaba la violencia y su exagerado comportamiento celoso; estas últimas conductas lo condujeron a matar a su novia en EU y a su esposa e hijos en la frontera sureña de México.

Esa vez los especialistas en un peritaje de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas viajaron a Guatemala para examinar el cuerpo mediante estudios dactilares, antropología, identidad genética, grupo sanguíneo, entre otros, que en coordinación con oficiales norteamericanos, ayudaron a esclarecer los crímenes.

La fotografía de Petterson, Albanese y Laura Liliana, aparecían en la página oficial del FBI; el primero como el más buscado y las mujeres como sus víctimas. Después del hallazgo montaron una línea roja en la esquina de la imagen del asesino con la palabra: Deceased

Días después la Fiscalía General de Justicia informó que el Charlie Petterson sufría de celotipia severa, motivo por el cual no soportaba ver a sus parejas platicando con alguien que no fuera él.

En el caso de Laura Liliana, ella salió varias ocasiones de la casa sin autorización y durante varios meses adquirió tarjetas de crédito departamentales en la ciuda de Tuxtla Gutiérrez.

Incluso, furtivamente, amistó con uno de los empleados de mostrador con el objetivo de tener contacto con el mundo exterior, pues la mayor parte de su vida se la pasó encerrada en su domicilio con sus hijos, bajo el dominio físico y emocional de Charlie Petterson.

Petterson era riguroso en la educación de su hijos, de modo que a sus siete años Ixchel se había convertido en una experta en el uso del Internet. Con frecuencia iba con su padre a jugar tenis.

Algunas veces, en la Ciudad Deportiva “Panchón Contreras” de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los vieron entrenar. Petterson reprendía seriamente a Ixchel cuando ella cometía alguna pifia en el juego. Ixchel se postulaba para campeona estatal de tenis cuando fue víctima de la tragedia, de acuerdo a los reporteros de deportes de la entidad.

El coraje y venganza de Charlie Petterson inició al descubrir que Laura Liliana Padilla sostenía comunicación con un empleado de mostrador de una tienda departamental de la ciudad. Esa vez nada le dijo y ella continuó con los mensajes de texto en su teléfono celular.

Una noche antes de la tragedia, Charlie le reclamó y ella lo negó rotundamente, sin embargo, cambió su impresión cuando él le mostró el teléfono celular que descuidadamente había dejado en la sala.

Esa misma noche, Petterson aprovechó que su familia dormía para cerrar las puertas y ventanas de los dormitorios, hizo una fogata en un brasero e intoxicó a su esposa y a sus hijos, después les inyectó veneno en la sangre.

El suicidió de John Patrick Addis se puso en duda entre la población de Chiapas, hay quienes dicen que sigue vivo y posiblemente huyó hacia Sudamérica.

Desorden y corrupción en el transporte púbico

Por Rafael Espinosa:

En Suchiapa existe un descontrol total en el transporte público de pasaje, después de que funcionarios públicos y un gran número de profesores invadieron —sin concesiones y sin el permiso de nadie— las calles del pueblo con una flotilla de mototaxis piratas.

En el 95, un grupo de pobladores necesitados consiguió legalmente 237 permisos para bicitaxis, sin embargo, hace dos años entraron intempestivamente más de 100 mototaxis ilícitos y actualmente suman más de 200, protegidos por la Secretaría de Transportes.

De esta manera se vieron afectadas las familias de los bicitaxistas, debido a que la competencia ilegal acapara la mayor partida de pasaje. En marzo de 2010, las autoridades detuvieron dos unidades piratas, no obstante, lejos de ahuyentarlos aumentó el número de unidades.

Adarcilio Albores Grajales, regidor plurinominal por el Partido del Trabajo en Suchiapa, tiene un permiso de bicitaxi para él, otro para su esposa y uno más para su hijo, aunque sus unidades son motocicletas, no bicicletas como autoriza el permiso, trabajadas por asalariados de años que realmente lo necesitan, denunció Porfirio Pacheco Ramos, uno de los afectados.

Eladio Velásquez Albores, catedrático, se dedica a comprar y vender permisos de bicitaxis, cuando la ley de la Secretaría de Transporte estipula que son intransferibles y mucho menos negociables, explicó Alaín Pérez Espinosa, otro de los agraviados.

Bulmaro Montejo, empresario tortillero, tiene tres unidades sin permiso y el catedrático Bernal Pereira tiene un mototaxi cuando nunca ha pedaleado un bicitaxi, agregó.

Hay una gran lista integrada principalmente por profesores quienes tienen la posibilidad de comprar los permisos y la solvencia para inmovilizar a la Secretaría de Transportes, la cual tiene conocimiento del problema y nada hace, mucho menos aplica la ley y tampoco operativos contra el pirataje, denunció Nicolasa Morales Sánchez, otra de las inconformes.

Para la competencia ilegal se han convertido en un jugoso negocio, debido a que un mototaxi genera en promedio 250 pesos diarios, ajeno a las ganancias del operador quien debe entregar el vehículo de alquiler con el tanque de gasolina lleno, es decir, “los que tienen tres unidades logran 750 pesos al día”, reflexionaron los señores.

Cualquiera puede adherirse al grupo de los “pulpos del transporte” y conseguir un permiso a un valor aproximado a los 15 mil pesos. Con 250 pesos diarios (tomando en cuenta las ganancias de una sola unidad), en dos meses ya lo tienen pagado, comentaron, al tiempo de revelar que una motocicleta nueva tiene un costo en efectivo de 50 mil pesos, continuaron.

Mientras tanto, dijeron, la gente —con años de servicio público de pasaje— que realmente necesita el permiso, cuyo beneficio es para el sustento familiar, está sufriendo con los pedales como asalariado. 

El transporte público ilegal de Suchiapa está desordenado en todos los ámbitos, primeramente porque no tiene papeles; las unidades  están pintadas de cualquier color y son conducidas por menores de edad, que no tienen licencia para conducir; los pasajeros no tienen seguro, porque ya se habla de vehículos rápidos, y los operadores no respetan el sentido de las calles.

Y es que ya hubo accidentes; una señora perdió el dedo de una mano en la volcadura de un mototaxi, recordó don Alaín Pérez.

Recientemente Miguel Adrián Albares, jefe del departamento de estudio socioeconómico de la Secretaría de Transportes, revisó la documentación de los transportistas y comprobó que muchos ni siquiera tenían un solo documento oficial, comentó Nicolasa Morales.

Miguel Adrián reprobó a decenas, no obstante, Jorge Moreno Villatoro, director de Concesiones y Autorizaciones de la Secretaría de Transporte, modificó los resultados del estudio y los aprobó a todos, claramente a favor del pirataje.

Doña Nicolasa Morales y un grupo de transportistas legítimos ha tocado puertas y ha metido denuncias en la Secretaría de Transportes, en la Dirección de Tránsito de Estado, incluso ha enviado cartas al gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, sin que nadie les haga caso.  

Un día doña Nicolasa Morales llevó un oficio (respecto al problema del transporte) al presidente municipal de Suchiapa, Glusteín Altamirano Abarca. Éste le firmó el documento, pero no se lo selló, incluso de manera indiferente le dijo: “Mejor no se meta, es un gran problema”.

Los denunciantes señalaron que una mujer política de nombre Mirna Camacho prometió concesiones o permisos a los transportistas piratas, de modo que los verdaderos permisionarios están totalmente desprotegidos mirando el crecimiento desmedido de pirataje.

Invasión en Sante Fe

Por Rafael Espinosa:

Varias casas del fraccionamiento Santa Fe, Chiapa de Corzo, fueron invadidas presuntamente por incautos que las compraron con una mujer que “les lavó el cerebro”. Los legítimos propietarios defienden sus inmuebles pese a la lenta procuración de justicia.

De acuerdo con la averiguación previa 470/CEC9-T1/2011, Carmen Moreno Janté, de 64 años de edad, es acusada de despojo y los que resulten en agravio de Mercedes Cartela Martínez. 

Carmen Moreno se posesionó ilegalmente de la casa 2219, ubicada en la Calle San Alberto, esquina con la Avenida Santa Ofelia del fraccionamiento Santa Fe, el ocho de noviembre de este año. Llevó sus cosas en una camioneta blanca, ingresó presuntamente por la parte trasera y cambió la chapa de la puerta principal.

Mercedes Cartela y su esposo llegaban cada fin de semana para asearla, pues estaba vacía porque posteriormente la remodelarían y no la daban rentada para evitar su deterioro; sin embargo, ese día su cónyuge recibió un mensaje de texto telefónico de parte de un vecino. 

Le pedía que llamara de urgencia al número del mensaje, motivo por el cual marcó y se enteró de la invasión a la propiedad de su esposa, aunque por cuestiones de trabajo resolvió llegar hasta el día siguiente.

Desde ese día el esposo empezó una aventura en búsqueda de justicia y soluciones de buena voluntad. Trató de llevar el caso amistosamente, incluso habló con la señora Carmen Moreno quien le pidió que esperara el fin de semana mientras buscaba a dónde mudarse.

Se venció el plazo y seguía en el domicilio, aunque la madre de ella, quien estuvo presente en la primera visita, ya no estaba.

Cartela Martínez agotó sus buenas intenciones e interpuso su denuncia penal cuya averiguación está en manos de la mesa de trámite número 2, en la Procuraduría General de Justicia, Zona Centro, con sede en Chiapa de Corzo.

En el proceso jurídico, Mercedes exhibió la escritura número 843, validada en la Notaría Pública 39 y firmada por el licenciado Rafael Ibarrola, con fecha el 30 de abril de julio. Las oficinas se localizan en el Bulevar Los Sabinos 111, fraccionamiento Los Sabinos, Tuxtla Gutiérrez.

En su declaración asentó que su casa estaba en buenas condiciones, cuenta con baño, regaderas, calentador de agua, fregadero, ventanas, puertas, entre otros aditamentos, por si acaso se pierde algo o presenta averías.

Moreno Janté, la acusada, hizo inclusive su contrato de energía eléctrica con la CFE, pues la paraestatal evita pedir mayores requisitos.

En una investigación voluntaria, el esposo de Mercedes se enteró que otras casas están en las mismas situaciones de litigio. Comentó que una señora de nombre Roxana, quien se autodenomina líder e ilícitamente vende o da posesión de las casas, envuelve a los incautos. Les dice que tiene una casa disponible, que la habiten y ella promete hacer los trámites antes las autoridades. 

Los inmuebles entregados por la susodicha tienen una característica particular, pues en las ventanas de cristales transparentes hay un papel impreso de letras moldeadas que reza lo siguiente: “Casa en trámite por juicio de adjudicación”.

Mercedes Cartela y su esposo pidieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Raciel López Salazar, agilizar los trámites con el objetivo de recuperar su propiedad que lograron juntos mediante muchos años de trabajo.

Explota otro caso de invasión en Santa Fe

En el fraccionamiento Santa Fe, Chiapa de Corzo, opera una red de invasores que oferta casas con dueños a incautos desde hace varios meses, incluso hasta el momento existen 25 demandas que están por desahogarse.

“¡Aquí vivo y es mí casa!”, le dijeron a doña Cielo cuando llegó a su hogar.

Cielo Jiménez Gutiérrez, oriunda de Tonalá, contó que trabaja de cocinera en Puerto Arista durante la semana y sólo los fines viene a su domicilio 3612, manzana 36, lote 12, en la Avenida Santa Elena, entre la Calle San Pablo y Bulevar Cutberto Barrientos del fraccionamiento Santa Fe.

Sospechó que los invasores se posicionaron de su casa el martes 13 de diciembre, debido a que días después un vecino gentilmente viajó hasta la costa para avisarle que su inmueble estaba invadido. Cielo recibió el mensaje escrito en un papel el viernes 16, pues estaba ausente cuando el viajero llegó.

Alrededor de las 15:00 horas del sábado 17 de diciembre, doña Cielo, en compañía de su sobrino y otra persona, comprobó que efectivamente había personas desconocidas en su hogar amueblado y se dio cuenta que en lugar de picaportes sus puertas tenían cadenas y candados.

Tocó y habló con una señora de la tercera edad. La desconocida vive con su hija de 45 y su nieta de 23, pero éstas estaban ausentes. El hogar estaba arreglado con mobiliario de ellas, dijo.

Sin ambages la anciana cortó la conversación de un tajo: “¡Aquí vivo y es mí casa!”.

Cielo llamó a la Policía y con su ayuda ingresó momentáneamente.

Con una mirada a vuelo de pájaro doña Cielo vio que su refrigerador, su cama, su estufa y otros muebles, estaban arrumbados en el traspatio, incluso observó que habían hecho un fogón con las tablas de su cama y la parrilla de su estufa. Las cosas de la segunda planta estaban amontonadas en un rincón.

Salió a la calle y vio que la adulta mayor ingresó a una casa cerca de ahí, después la vio regresar sin que pudiera acreditar la propiedad. No obstante, la Policía de Chiapa, quien sólo estuvo para evitar enfrentamientos, nada pudo hacer salvo recomendar a la víctima que interpusiera su denuncia. 

Esa tarde doña Cielo, de 42 años, acudió a la Fiscalía de Distrito Centro donde se integró el Acta Administrativa 1671/CEC9-T2/2011 por los delitos de despojo, robo, daños y los que resulten, contra las personas que habitan su vivienda.

Esa la noche un grupo de personas resguardaron la casa y evitaron que el perito de la fiscalía hiciera su tarea.

El domingo 18, estuvo casi todo el día en las oficinas de la Fiscalía de Distrito Centro. El lunes 19, volvió a llegar y la querella aún no había sido turnada al Ministerio Público.

Ahí, le recomendaron que cambiara las chapas de sus puertas, sin embargo, cuando llegó el inmueble nuevamente estaba parapetado por varias personas, entre ellas Roxana Castro Vallejo, líder del grupo, su esposo y Rusbel Lara Rodríguez, estudiante de la Unach, en San Cristóbal de las Casas.

El martes 21 de diciembre, hace cuatro días, doña Cielo volvió nuevamente topándose con el mismo grupo pero con perros amarrados en el patio y traspatio de su casa. En una de las visitas, contó la agraviada, Rusbel Lara dijo ser fiscal del Ministerio Público, aunque después supo ella que era una estudiante usurpando funciones.

Durante su declaración ministerial, doña Cielo presentó la escritura pública 12192, sellada por la Notaría Pública 19 y firmada por Edgardo Robles Sasso, titular del despacho, en Chiapa de Corzo. Adquirió la casa el 25 de febrero de 2006 y lleva al corriente sus pagos.

Denunció que Roxana Castro Vallejo tiene su domicilio en la Calle San Alfonso 602, entre las Avenidas Santa Elena y San Diego del mismo fraccionamiento Santa Fe, Chiapa de Corzo, inclusive el comité de la colonia envió dos denuncias sobre el caso al Ayuntamiento, sin que nadie les haga caso.

Doña Cielo se enteró que el grupo forma parte de una Asociación Civil, siendo presidenta Roxana Castro Vallejo; vicepresidente Víctor Martínez Hernández; tesorera Laura Nigenda Ramos; secretario Fernando Maza Hernández y coordinadora de comunicación Natalia Santiago Flores.

Entre el barullo de estos días, se supo que se atrevieron a decir, dijo Cielo, que la casa se las dio el pueblo.

La agraviada pidió al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Raciel López Salazar, que se aplique la ley, se haga justicia y le sea devuelto su inmueble.

“Esta semana falté a mi trabajo, dormí en el coche para no molestar a mis conocidos y me quedé sin dinero”, dijo Cielo sin reprimir las lágrimas.

Señalan a líder en invasión de viviendas

Detrás de la invasión ilegal de casas en el fraccionamiento Santa Fe, Chiapa de Corzo, podría encontrarse Amilcar Oney Chiu Cruz, presidente y fundador del Movimiento de Participación Ciudadana (Moparc) “Unidos por un Bienestar Común”, denunció Cielo Jiménez Gutiérrez, una de las agraviadas.

Chiu Cruz, ex candidato petista a la presidencia municipal de Villa de Acala, promete asesoría jurídica a las familias incautas o a los miembros de su grupo para ganar los inmuebles y los convence a que se metan en viviendas con dueños, agregó la denunciante.

En noviembre se integró la averiguación previa 470/CEC9-T1/2011 en la Fiscalía de Distrito Centro, con sede en Chiapa de Corzo, por los delitos de despojo y los que resulten en contra Carmen Moreno Janté, de 64 años, quien invadió la propiedad de Mercedes Cartela Martínez.

La casa número 2219, situada en la Calle San Alberto y Avenida Santa Ofelia, aún continúa en litigio igual que el inmueble 3612, manzana 36, lote 12, la cual se ubica en la Avenida Santa Elena, entre la Calle San Pablo y el Bulevar Cutberto Barrientos.

Esta última casa es propiedad de Cielo Jiménez Gutiérrez quien a mediados de diciembre denunció despojo, robo, daños y los que resulten, en contra de quienes se posesionaron en su domicilio.

Por este caso el fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Centro, en Chiapa de Corzo, integró el acta administrativa 1671/CE9-T2/2011.

Es importante informar que son varios inmuebles invadidos en el fraccionamiento, incluso los que están tomados por el grupo tienen una hoja en las ventanas de cristal que dice: “Casa en trámite por juicio de adjudicación”.

Jiménez Gutiérrez denunció que Roxana Castro Vallejo, quien se dice ser presidenta de una asociación civil, tiene su domicilio en la Calle San Alfonso 602, entre las Avenidas Santa Elena y San Diego del mismo fraccionamiento.

La supuesta asociación civil la integran Víctor Martínez Hernández, vicepresidente; Laura Nigenda Ramos, tesorera; Fernando Maza Hernández, secretario, y Natalia Santiago Flores, coordinadora de comunicación, así como Rusbel Lara Rodríguez, estudiante de la Unach, en San Cristóbal de las Casas, asesorada por Amilcar Oney Chiu Cruz, puntualizó Cielo Jiménez.

Claman justicia después de la tragedia

Por Rafael Espinosa:

Ni la aseguradora ni el concesionario ha saldado el gasto de los funerales de la pasajera muerta y tampoco las cuentas de los hospitales donde están los lesionados, después de la volcadura del colectivo local el pasado viernes 16 de diciembre.

Don Ramiro Robles Sánchez, de oficio albañil, está endeudado por la compra del ataúd y la inversión que generó la ceremonia fúnebre de su esposa María Elisa Clemente Cruz, de 41 años, inhumada en una colonia del municipio de Jiquipilas.

El viudo y padre de tres niñas, habitante de una casa humilde de la colonia La Reliquia, Terán, contó que el día de la tragedia su esposa iba al trabajo, una guardería ubicada frente al hospital del Issste.

Cuando tramitaba la liberación del cuerpo ante el fiscal del Ministerio Público, en las instalaciones de la Fiscalía en Hechos de Tránsito, se topó con un empleado de la aseguradora AXXA, empresa contratada por el concesionario del colectivo, y le preguntó quién le iba a pagar y en cuánto tiempo.

Aquél le contestó con indiferencia que en un año o más, o en cualquier momento le hablaría a su teléfono celular. Desde ese día nada ha sabido de la aseguradora del colectivo 4515 y menos del concesionario.

Doña Catalina López Pérez, de 52 años, sobrevivió a la tragedia pero sufrió fracturas en la mano derecha y la pierna izquierda, así como una lesión en la frente y otros golpes corporales. Es viuda, tiene cinco hijos y se dedica a lavar y planchar ajeno.

El accidente tomó por sorpresa a su familia, de modo que sus hijos pidieron cooperación económica e hicieron una colecta entre los habitantes de su colonia, Santa Lucía, a un costado de La Reliquia, para medicinas y hospitalización.

Ella está en la cama 319 del área de Cirugía y Trauma del Hospital Regional, bajo la atención de su hija Ana Fabiola que se alterna con sus hermanos para cuidarla.  Tampoco han recibido un solo centavo de la aseguradora y tampoco del concesionario.

A doce días de la tragedia, doña Martha Molina —de 66 años— apenas ayer se pudo sentar, pues presentó dos costillas rotas, una herida en la cabeza que llevó 18 puntos, esguince cervical, una lesión en la rodilla y otros golpes de gravedad, comentó su hija Patricia Trinidad.

Después de su efímera estancia en el Hospital Regional, doña Martha fue llevada a la casa de un tío que es médico, agregó por teléfono Patricia Trinidad, pues nadie se hacía cargo de las medicinas y el internamiento.

Aunque su domicilio se sitúa en la colonia La Reliquia, actualmente está convaleciente en la colonia Electricistas, en casa de su hija Patricia quien le da las atenciones que necesita.

El día del accidente doña Martha iba al mercado para después ir a su cocina económica, en el periférico sur poniente de la capital, comentó su hijo Humberto a través de una llamada telefónica.

Ella también tiene un montón de notas de medicinas y de consultas médicas particulares que ha pagado. Hasta el momento nadie, ni el concesionario ni la aseguradora, se le ha acercado para rembolsarle los gastos.

Michel Amairany Castillejos Solar, de 16 años, otra de las sobrevivientes, pagó su hospitalización, el collarín y las medicinas en la Cruz Roja. Cuando le dieron de alta nadie apareció, salvo su familia que saldó la cuenta.

El día de la volcadura tomó el colectivo en La Reliquia para presentarse a su trabajo, una tortillería del centro de Tuxtla Gutiérrez.

Apenas hace unos días regresó a su empleo pese a la molestia del collarín, dijo su hermana Tocabel en la casa de a la vuelta de donde fue el sepelio de la señora María Elisa Clemente.

Don Luis Orantes Morales, de 56 años, acude al centro de salud de Terán para sus consultas médicas y él compra sus medicinas desde el accidente, debido a que presentó fuertes golpes que le dejaron “verde el pie”, dijo un vecino.

Él tiene su hogar a dos cuadras de donde vivía doña María Elisa, en una casa modesta de ladrillos sin repello y un corral de láminas oxidadas. En el dintel de su puerta hay un moño fúnebre por la muerte de su madre hace un año.

Ayer no estaba, pero se supo que vive solo y por el accidente abandonó su oficio de lavador de autos en una universidad particular, al norte oriente de la capital.

Clamor

Las víctimas pidieron al gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, a la Secretaría de Transporte, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Raciel López Salazar, hacer cumplir las leyes, hacer justicia, castigar al responsable y que les reembolsen los gastos.

Mientras los afectados exigen justicia y están pagando intereses por los préstamos que hicieron para el funeral y la hospitalización, los encargados de las mesas de trámite de la Procuraduría General de Justicia que llevan el caso están de vacaciones.

“Hasta el 02 de enero dijeron que nos presentáramos”, comentó Humberto Trinidad, hijo de doña Martha Molina.

“Una vez más se comprobó que todos los usuarios estamos desprotegidos, que no importa si están asegurados o no los colectivos, de todos modos no pagan. Debemos persignarnos antes de salir y llevar un rosario en la mano por si el chofer va ebrio, a exceso de velocidad, o simplemente porque son rutas de la muerte”, coincidieron los afectados.


Seguimiento
Ramiro Robles Sánchez, de 46 años, se quita la gorra para desayunar. Es mediodía y está sentado en una de las mesas de la fonda “El Cerrito”, en la 2ª Sur y 7ª Poniente. Es albañil y hoy, ahí, es su primer día de trabajo.

“Remodelo un baño”, dice.

Robles se quedó viudo y con tres niñas después de que su esposa murió en la volcadura del colectivo 4515, en el bulevar Belisario Domínguez y 22 Poniente. Amanecía el 16 de diciembre (2011), recuerda mientras come pollo en mole.

Recogiendo el mole con media tortilla a modo de cuchara, Ramiro narra que su esposa María Elisa Clemente, de 41, se dirigía a la guardería donde trabajaba, cuando el chofer perdió el control por la velocidad inmoderada. Muerde el bocado y mastica.

Ramiro es un hombre robusto, de cabellos ralos, cara redonda y curtida, viste una camisa que parece blanca, pantalón y sandalias. Baja su comida con tragos de refresco de cola.

Desde la tragedia ha continuado el proceso legal, sin embargo, las autoridades, los abogados y la aseguradora “Axxa” le muelen la vida con trámites “fastidiosos”.

El primer abogado se pasó meses sin resultados, debido a que Ramiro sólo le daba para los pasajes. El segundo parece llevar el caso por buen camino y cobrará si gana el juicio, “porque no tengo dinero”, suelta entre el ligero murmullo de los comensales de las otras mesas.

Para ser válida la indemnización, la aseguradora le pide el juicio sucesorio intestamentario cuyo tiempo de desahogo es variable, pues podría durar meses o años. Es decir, agrega disgustado, comprobar que María Elisa era mi pareja, que las niñas son mías, qué muebles e inmuebles tenemos, entre otras cosas.

“Mis suegros ya me dieron sus documentos; están de acuerdo”, enfatiza, al tiempo de limpiarse la boca con una servilleta. El plato ahora está vacío.

“La aseguradora siempre me ponen trabas”, reflexiona.

Su hija de 17, la mayor de las tres, apenas terminó la secundaria y ahora se dedica a cuidar a sus hermanas de 10 y 6 años, mientras que él lleva dinero para la comida. Así han sobrevivido durante estos últimos cuatro meses.

Alguien lo llama del comedor.

Se despide, sabe que ya es hora, y se va a continuar la obra.