Por Rafael Espinosa:
En Suchiapa existe un descontrol total en el transporte público de pasaje, después de que funcionarios públicos y un gran número de profesores invadieron —sin concesiones y sin el permiso de nadie— las calles del pueblo con una flotilla de mototaxis piratas.
En el 95, un grupo de pobladores necesitados consiguió legalmente 237 permisos para bicitaxis, sin embargo, hace dos años entraron intempestivamente más de 100 mototaxis ilícitos y actualmente suman más de 200, protegidos por la Secretaría de Transportes.
De esta manera se vieron afectadas las familias de los bicitaxistas, debido a que la competencia ilegal acapara la mayor partida de pasaje. En marzo de 2010, las autoridades detuvieron dos unidades piratas, no obstante, lejos de ahuyentarlos aumentó el número de unidades.
Adarcilio Albores Grajales, regidor plurinominal por el Partido del Trabajo en Suchiapa, tiene un permiso de bicitaxi para él, otro para su esposa y uno más para su hijo, aunque sus unidades son motocicletas, no bicicletas como autoriza el permiso, trabajadas por asalariados de años que realmente lo necesitan, denunció Porfirio Pacheco Ramos, uno de los afectados.
Eladio Velásquez Albores, catedrático, se dedica a comprar y vender permisos de bicitaxis, cuando la ley de la Secretaría de Transporte estipula que son intransferibles y mucho menos negociables, explicó Alaín Pérez Espinosa, otro de los agraviados.
Bulmaro Montejo, empresario tortillero, tiene tres unidades sin permiso y el catedrático Bernal Pereira tiene un mototaxi cuando nunca ha pedaleado un bicitaxi, agregó.
Hay una gran lista integrada principalmente por profesores quienes tienen la posibilidad de comprar los permisos y la solvencia para inmovilizar a la Secretaría de Transportes, la cual tiene conocimiento del problema y nada hace, mucho menos aplica la ley y tampoco operativos contra el pirataje, denunció Nicolasa Morales Sánchez, otra de las inconformes.
Para la competencia ilegal se han convertido en un jugoso negocio, debido a que un mototaxi genera en promedio 250 pesos diarios, ajeno a las ganancias del operador quien debe entregar el vehículo de alquiler con el tanque de gasolina lleno, es decir, “los que tienen tres unidades logran 750 pesos al día”, reflexionaron los señores.
Cualquiera puede adherirse al grupo de los “pulpos del transporte” y conseguir un permiso a un valor aproximado a los 15 mil pesos. Con 250 pesos diarios (tomando en cuenta las ganancias de una sola unidad), en dos meses ya lo tienen pagado, comentaron, al tiempo de revelar que una motocicleta nueva tiene un costo en efectivo de 50 mil pesos, continuaron.
Mientras tanto, dijeron, la gente —con años de servicio público de pasaje— que realmente necesita el permiso, cuyo beneficio es para el sustento familiar, está sufriendo con los pedales como asalariado.
El transporte público ilegal de Suchiapa está desordenado en todos los ámbitos, primeramente porque no tiene papeles; las unidades están pintadas de cualquier color y son conducidas por menores de edad, que no tienen licencia para conducir; los pasajeros no tienen seguro, porque ya se habla de vehículos rápidos, y los operadores no respetan el sentido de las calles.
Y es que ya hubo accidentes; una señora perdió el dedo de una mano en la volcadura de un mototaxi, recordó don Alaín Pérez.
Recientemente Miguel Adrián Albares, jefe del departamento de estudio socioeconómico de la Secretaría de Transportes, revisó la documentación de los transportistas y comprobó que muchos ni siquiera tenían un solo documento oficial, comentó Nicolasa Morales.
Miguel Adrián reprobó a decenas, no obstante, Jorge Moreno Villatoro, director de Concesiones y Autorizaciones de la Secretaría de Transporte, modificó los resultados del estudio y los aprobó a todos, claramente a favor del pirataje.
Doña Nicolasa Morales y un grupo de transportistas legítimos ha tocado puertas y ha metido denuncias en la Secretaría de Transportes, en la Dirección de Tránsito de Estado, incluso ha enviado cartas al gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, sin que nadie les haga caso.
Un día doña Nicolasa Morales llevó un oficio (respecto al problema del transporte) al presidente municipal de Suchiapa, Glusteín Altamirano Abarca. Éste le firmó el documento, pero no se lo selló, incluso de manera indiferente le dijo: “Mejor no se meta, es un gran problema”.
Los denunciantes señalaron que una mujer política de nombre Mirna Camacho prometió concesiones o permisos a los transportistas piratas, de modo que los verdaderos permisionarios están totalmente desprotegidos mirando el crecimiento desmedido de pirataje.
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