Rafael Espinosa:
Con
la venta fraccionada de ejidos en facilidades de pagos podría repetirse la
historia de hace cuatro décadas en Tuxtla Gutiérrez, es decir, un crecimiento
poblacional desordenado con servicios públicos deficientes, debido a que muchos
no pagan impuestos prediales en detrimento a las arcas del municipio.
Hace
años los ejidatarios dividieron y vendieron sus parcelas "sin buscar los
mecanismos de la Ley Agraria, que consiste en desincorporar la tierra social e
incorporarla al desarrollo urbano", recordó Arturo Orta, delegado federal
de la Procuraduría Agraria en Chiapas.
Esta
expansión poblacional desordenada se refleja en calles truncadas, casas sobre
cauces de los ríos o en zonas de riesgo, avenidas angostas o anchas, en
inundaciones, bosques destruidos, así como fugas de agua o de drenaje en puntos
distintos de la capital.
Actualmente
algunas partes de los ejidos Copoya, Terán, Francisco I. Madero, Emiliano
Zapata y Plan de Ayala, están regularizados. Y muchos habitantes se mantienen
bajo el régimen agrario.
La
Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) supone que el
Ayuntamiento desconoce realmente el número de pobladores asentados en tierras
ejidales que no pagan predial.
La
Dirección de Tenencia de la Tierra de Tuxtla Gutiérrez se negó a hablar sobre
el tema, incluso a la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento se le
pidió información o una entrevista desde hace varios meses, sin obtener
respuesta positiva.
Para
Jorge Manuel Rivas Peña, director de la Dirección de Catastro Urbano y Rural de
Chiapas, la población que tiene 15 ó 20 años asentada en estos sitios es
imposible de sacar, lo único que le queda al Ayuntamiento es hacer programas de
regularización a través de la Corett.
Arturo
Orta coincidió con Rivas Peña al decir "que los asentamientos de varios
décadas que están en tierra social deben ser regularizadas a través de la
Corett".
Cuando
hay núcleos ejidales en zonas conurbadas o en ciudades capitales, se debe
desincorporar la tierra social e incorporarla al desarrollo urbano para efectos
de que no haya un crecimiento anárquico poblacional, agregó Orta.
Por
otro lado, la Ley Agraria no establece disposición alguna por el fenómeno que
se está dando, no se puede sancionar o castigar. Únicamente el Ayuntamiento
está facultado para aplicar la normatividad a través de sus direcciones
correspondientes, pues "ahí se comete una irregularidad y tiene que
aplicarse el Estado de Derecho", reflexionó Orta.
A
la fecha, el Ayuntamiento sufre un agujero financiero con la población asentada
en ejidos que no paga predial u otros impuestos. Entonces, el municipio no
puede devolverles servicios públicos de calidad que tanto demandan estos
asentamientos, resumió por su parte Jorge Manuel Rivas.
"La
compraventa de tierra social, aun dentro del ámbito agrario, es un acto
jurídico prohibido por sí mismo, porque están poniendo en venta un terreno
social no desincorporado de régimen ejidal", reiteró Orta.
El
delegado de la Procuraduría Agraria aclaró que los ejidos colindantes de Tuxtla
Gutiérrez, entre ellos Terán, Plan de Ayala, Francisco I. Madero, Copoya y
Emiliano Zapata fueron beneficiados con el programa de certificación, lo cual
no significa que los asentamientos humanos existentes estén regularizados.
"Se
tendría que hacer un censo con la autoridad competente para determinar si esos
asentamientos están dentro de tierra ejidal", aclaró Orta.
El
Ayuntamiento debe ejercer a plenitud sus facultades y frenar el crecimiento
anárquico o el crecimiento irregular, el cual en cinco años o diez va a
demandar servicios públicos.
Con
esta situación, agregó, el municipio se verá afectado al no contar con la
generación de recursos como son pagos de predial y originará una población
molesta con la autoridad, cuando el problema de origen fue una venta irregular
de superficie social que no fue incorporada adecuadamente al desarrollo urbano
sostenible y ecológicamente sustentable, situación que no se da en los hechos.
"Quien
quiera tener una superficie y vea un anuncio de se venden lotes de 10x20 en
abonos mensuales, que tenga precaución de verificar que ese predio no se trate
de tierra ejidal, porque difícilmente podrá tener escritura que le ampare el
patrimonio; no se deje sorprender recibiendo un recibo de puño y letra",
advirtió el delegado Arturo Orta.
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