Rafael Espinosa:
Por lo menos 200 policías estatales sitiaron tres comunidades irregulares del municipio de Berriozábal, debido al choque de dos organizaciones que dividían a la gente y que tenían amarradas a seis personas, por disputa de terrenos y otras inconformidades sociales.
El operativo inició cerca de las diez de la mañana, a unos metros del “Crucero de la Muerte” del tramo Tuxtla Gutiérrez-Ocozocoautla, donde se concentraron más de cinco camiones cargados de agentes antimotines, unas 18 patrullas, entre éstas unidades de la policía local.
Una hora después el convoy de policías se enfiló hacia las colonias San Andrés, San Marcos y Santa Candelaria, a unos dos kilómetros de la carretera sobre un desvío de terracería, para rescatar a los miembros de la “OChiapas”; Rafael Domínguez Roblero, Rafael Camacho Chacón, Rafael Hernández, Jorge Antonio Cruz Gómez, y dos personas que se llaman Juan Carlos y Ramona, quienes estaban amarrados.
Sólo Rafael Camacho Chacón, de 44 años, y Jorge Antonio Gómez Cruz, de 42, abordaron con sus propios pies la ambulancia que los transportaría a la capital para una valoración, aunque aparentemente se veían sin lesiones superficiales.
Los sujetos fueron rescatados en un ambiente de tensión. Era evidente, entre la tierra despareja, montes verdes y casas maltrechas, parecidas a barracas improvisadas, la división de los grupos de escasos recursos que se apostaban, distanciados, en esquinas.
Desde hace más de un lustro se asentaron la Organización Campesina San Andrés, A.C. (Orcasa), liderado por Marco Antonio Gómez Pérez, y la “OChiapas”, que contemplan una población aproximada a las 800 familias.
Conforme pasó el tiempo la población se dividió debido a que los líderes tenían intereses lucrativos, incluso cada organización vendía y revendía terrenos que ya habían sido adquiridos.
Esto generó enfrentamientos constantes entre familias, de modo que se registraron varias personas lesionadas, razón por la cual hace menos de un mes bloquearon la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ocozocoautla para exigir al gobierno solución al problema.
En medio de este descontento social, surgió un tercer grupo sin nombre dirigido por un sujeto que identificaron como Alberto Barrasa o Rabasa Cruz quien prometió, como los otros, iniciar los trámites para conseguir servicios públicos básicos y pavimentación.
Para que las promesas fueran cumplidas, los pobladores tenían que cooperar tres mil pesos por manzana a sus respectivos dirigentes. Las cuotas variaban en cada organización, de tal forma que los habitantes se fastidiaron de tanto contribuir sin ver resultados.
Ayer, Marco Antonio Gómez Pérez, dirigente de la Orcasa, con apoyo de su gente, intentó desalojar a los bandos contrarios reforzado su ataque con otro conjunto que transportaría en vehículos de la capital chiapaneca al lugar y a quienes les pagaría desde 200 a 300 pesos, denunciaron.
Antes de que llegara la Policía, varios del grupo agresor irrumpieron a las colonias para robarse algunas pertenencias, motivo por el cual algunos corrieron hacia los montes con sus hijos en brazos y hay quienes dijeron que hubo balazos, pero no hubo lesionados a causa de las municiones.
La señora Melida Núñez denunció que le quitaron dos mil 200 pesos en efectivo, otros comentaron que les llevaron su teléfono celular, entre otras cosas.
Las tres organizaciones, armados con palos y machetes, y distanciados por varias cuadras, gritaron que el gobierno ya tenía conocimiento del asunto, sin embargo, se supo después que las autoridades habían dialogado con una organización sin saber que había dos más.
Casi a medio día llegó el delegado de gobierno de la zona centro, Fernando López Altúzar, quien, de todas maneras, había prometido llegar ayer para poner orden y controlar la situación.
Momentos antes se habían aproximado también Nestor Escobar, fiscal especial en Atención a Grupos Sensibles y Vulnerables, y Jorge Luis Hernández Alabat, subsecretario de gobierno.
Arremolinado por la gente, Hernández Alabat sostuvo que hace 25 días el gobierno prometió agilizar los trámites para regularizar el predio, no obstante, agregó, la “OChiapas” prohibió la entrada al personal oficial para censar a la población.
Aclaró que es falsa la existencia de un documento o carta poder a favor de uno u otro líder, dado a que el predio tiene dueño, por lo que el gobierno intervendrá entre los colonos y el propietario a fin de establecer acuerdos y terminar con el problema.
Por su parte, Néstor Escobar explicó que la dueña legítima de la propiedad es María Mota Viuda de Burguete cuyos hijos, entre ellos un sacerdote, están dispuestos a vender el predio al gobierno.
Prometió que a través de un plebiscito elegirán a un representante del presidente municipal y a otro del gobierno del Estado, inclusive harán una oficina en el asentamiento para atender las quejas ciudadanas y sentenció: “Desde hoy no habrá líderes”.
“No se vayan con los líderes, después éstos se pelean y los hacen pelear a ustedes”, reflexionó Escobar, al tiempo en que le pidió a la muchedumbre, se acostumbren a ver policías que mantendrán vigilada las colonias.
“A la persona que viole la ley, no lo apoyen, no lo anden protegiendo, porque vamos a proceder en contra de quien sea. Tiene que haber orden y respeto a la autoridad”, enfatizó.
“Vamos a empadronarlos, el gobierno llevará un control y vamos a hablar directamente con ustedes, no con los líderes”, señaló Néstor Escobar.
Durante el discurso, entre la muchedumbre, algunos alzaban la voz diciendo que “el gobierno no cumple, siempre es el mismo cuento”, pero tienen una pizca de confianza en que esta vez los compromisos se cumplirán.
Casi al final, Sandra Isabel Gamboa Silva, miembro de la Orcasa, y unas 150 personas, fueron desalojadas por la Policía.
El éxodo se perdió en el camino de terracería, rumbo a la carretera. La población celebró con gritos de alegría la partida de los miembros de la Orcasa.
Marco Antonio Gómez Pérez, escapó en un vehículo, frente a los policías que estaban concentrados en la carretera, antes de que éstos entraran a las colonias.
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